EL DIVORCIO NOTARIAL EN CUENCA-ECUADOR: ANÁLISIS SOBRE SUVIABILIDAD JURÍDICA Y APLICACIÓN PRÁCTICA
Palabras clave:
divorcio notarial, situación jurídica, derecho de familia, autonomía conyugalResumen
El divorcio, como fenómeno jurídico y social, ha transitado por diversas formas de regulación en el ordenamiento ecuatoriano, transformándose desde un procedimiento judicial rígido hacia mecanismos más ágiles que procuran salvaguardar la dignidad y autonomía de quienes deciden poner fin a su vínculo conyugal.
El objetivo del presente estudio da cuenta de un análisis exhaustivo de las percepciones, criterio jurídicos y retos del proceso de divorcio notarial por mutuo consentimiento, centrado en su aplicación en la ciudad de Cuenca-Ecuador, tras las reformas del COGEP y la Ley Notarial, entre los años 2018-2024, bajo un enfoque mixto, que integra encuestas a usuarios y abogados, así como entrevistas a notarios. Con este cruce de perspectivas se permitió triangulación de dato profundización en aspectos normativos, procedimentales y humanos del fenómeno investigado. El análisis se desarrolló mediante la codificación temática de los testimonios articulando categorías como “autonomía conyugal”, “garantías sustantivas”, “celeridad procesal”, “rol del notario”, lo cual enriqueció el análisis estadístico con una comprensión más
profunda del contexto jurídico-social. Los resultados revelan que la mayoría de trámites se resuelven en menos de tres días, valorados por su rapidez y claridad. Aunque el actuar notariales formal, se evidencian posturas divididas sobre su capacidad para proteger el interés superior de niños, niñas y adolescentes, junto con fallas en la articulación interinstitucional y preparación insuficiente en derecho de familia.
En conclusión, la investigación permitió confirmar que el procedimiento notarial de divorcio por mutuo consentimiento representa un avance significativo en términos de celeridad, accesibilidad y eficacia en la ciudad de Cuenca-Ecuador, sobre todo tras la reforma al Código Orgánico General de Procesos en 2019. No obstante, persiste la necesidad de realizar ajustes normativos y procedimentales que garanticen una aplicación más equitativa del proceso, particularmente en los casos en que se vean involucrados menores de edad.
